Acompañados por su abogado y el presidente de la Asociación de Presos y Desaparecidos Políticos saharauis (AFAPREDESA), los primeros testigos en la querella por delitos de genocidio y torturas contra Marruecos han comenzado a declarar en la Audiencia Nacional.
La ronda ha terminado tras varias horas de declaración y de pruebas forenses para examinar las cicatrices de algunas de las víctimas. Estas marcas son la prueba que podrá atestiguar que fueron víctimas de los bombardeos de napalm y fósforo blanco lanzados por Marruecos tras la invasión del Sáhara en 1976.
Los seis saharauis —tres hombres y tres mujeres— han comparecido ante el juez de la Audiencia Pablo Ruz como testigos protegidos, según fuentes jurídicas.
El abogado que les acompañaba, Manuel Ollé, ha explicado que la forense ha podido comprobar "la especial perversidad en las torturas a las mujeres", ya que una de ellas presentaba quemaduras en todo su cuerpo fruto de las corrientes eléctricas que le fueron aplicadas en uno de los centros secretos de detención que, según han testimoniado, había en Marruecos.
El presidente de la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS), José Taboada, esperaba en la puerta de la Audiencia con un grupo de activistas que sostenían pancartas con los nombres e imágenes de víctimas y banderas de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). Taboada se atiene a la independencia judicial para confiar que el tribunal "siga con la causa".
"Estos crímenes se cometieron contra españoles y los abusos continúan hoy en los territorios ocupados", añade el presidente de CEAS. "Esperamos que la justicia, independiente, haga el papel que el Gobierno no hace", confía.
El juez Ruz reactivó la causa el pasado noviembre, después de que Garzón admitiera a trámite la querella
El juez Pablo Ruz reactivó la causa por genocidio en el Sáhara Occidental el pasado noviembre, tres años después de que su su antecesor en el Juzgado Central de Instrucción número 5, Baltasar Garzón, admitiera a trámite la querella contra militares marroquíes acusados de delitos de genocidio y torturas. El periodo denunciado comprende desde 1976 hasta 1987, aunque Ruz pretende ampliarlo hasta la actualidad, "de ahí que se haya llamado a Aminatu Haidar", explica Taboada. La activista ha pospuesto a junio su declaración por problemas médicos.
Ollé subraya que, según el testimonio de las vícitimas, persiste hoy en día una "una vulneración sistemática de los derechos humanos" .
Relatos de vidas trágicos
El testimonio de los seis saharauis representa la cara más visible de un conflicto que lleva más 35 años sin solución y mantiene a los habitantes del Sáhara con escasas esperanzas de futuro. Con todo, no pierden el optimismo y la llamada del juez Ruz ha sido un paso ilusionante. Uno de los testigos vivió las detenciones masivas que se dieron contra estudiantes en las ciudades ocupadas a mediados de los años 80. Pasó temporadas en prisión y, hoy en día, prefiere vivir en los campamentos de refugiados en suelo argelino, "allí hay libertad".
En el caso de otro de ellos, la represión se traduce en 16 años privado de libertad. Los once últimos los pasó en Maguna, el centro de detención que, hasta 1991 —fecha del alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario— mantenía a los reclusos en condiciones "de insalubridad, falta de alimentación, y sufriendo torturas". "El tiempo que pasé allí murieron 42 personas", explica y añade que en 1991 salieron de allí 322 presos.
"Cuando salí de prisión, policías marroquíes de paisano vigilaban mis pasos, vivía con miedo", rememora. Esos temores, hoy, a sus 70 años, se han disipado y siente la necesidad de que su testimonio se conozca. "Siento mucha libertad cuando puedo contar lo que me pasó".
Uno de los testigos, que pasó 16 años en prisión sufriendo torturas, siente la necesidad de dar a conocer su testimonio
Al testigo, que nunca ha vivido en España y tan solo habla hassaní, aún se le vidrian los ojos cuando recuerda cómo Marruecos impuso a su pueblo vivir en las ciudades y perder su esencia nómada. "Vivíamos por todo el desierto de nuestros pozos y animales, hasta que envenenaron nuestras aguas, nos dejaron sin recursos y nos encerraron en ciudades", se lamenta. "Acostumbrábamos a vivir en libertad", añade, para señalar que esa condición ya sólo la encuentra en los campamentos de refugiados, en suelo argelino.
Los principales altos cargos investigados son Housni Ben Sliman, superior que ordenó y dirigió presuntamente la campaña de detenciones y posteriores desapariciones en Smara en 1976, y Abdelhafid Ben Hachem, presunto responsable de los secuestrados en 1987 en El Aaiún y supervisor de los interrogatorios bajo tortura.
Nietos frustrados
Entre el grupo que esperaba a las puertas de la Audiencia Nacional se encontraba Omar Hassena, saharaui de 33 años nacido en los campos de refugiados. Estudió en Cuba Educación especial, donde residió once años antes de volver a los campamentos en Tindouf e impulsar un centro de menores en Rabuni, la capital administrativa del Gobierno de la RASD.
"Lo que más nos duele es que somos profesionales universitarios y no tenemos donde ejercer nuestra profesión por estar viviendo donde no debemos", se lamenta. Pero lo más doloroso a juicio de Hassena es no poder vislumbrar el fin de su situación y "no saber" cómo construir su futuro. "Es frustrante hacer una carrera fuera, volver a los campamentos, y no poder ejercer la profesión"
A Hassena le sorprendió mucho el paso de la justicia española pero quiere creer "en la independencia judicial" y esperar que no haya "presiones" por parte de círculos políticos.
El presidente de AFAPREDESA, Abdeslam Omar, se congratula de la "justicia independiente" que ayuda a los saharauis a "buscar a los responsables del genocidio". En unas declaraciones recientes a Público en los campamentos de refugiados, Omar recordaba que su pueblo tiene capacidad para ser independiente y clamaba por que terminase "la injusticia que dura más de 35 años con la connivencia de la Unión Europea".
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