La Unión Europea es un freno para la democratización de Marruecos y para una solución basada en la legalidad internacional en el Sáhara Occcidental.
La Unión Europea mantiene con Marruecos una "relación de privilegio" que está a punto de convertirse "en una relación todavía más estrecha" con el fortalecimiento de los vínculos comerciales. Así lo anunció este mismo mes el comisario de Ampliación y Vecindad, Stefan Füle, tras reunirse en Rabat con el jefe de la diplomacia marroquí, Taieb Fassi-Fihri.
"He felicitado a mis socios por lanzarse a hacer una serie de reformas políticas y económicas importantes", reconoció Füle. "Su país puede estar orgulloso de lo que ha logrado hasta hoy", aseguró en nombre de la jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton.
Sin embargo, todos esos logros en libertades y democracia son invisibles para los defensores de los derechos humanos, que critican que el Gobierno "usa legislación represiva y tribunales complacientes para castigar y encarcelar a los opositores pacíficos, especialmente aquellos que han violado tabúes y leyes contra la crítica al rey y la monarquía", según el último informe anual de la organización Human Rights Watch.
La discreción de esos avances se convierte en insoportable en el territorio del Sáhara Occidental, donde Marruecos desmontó en noviembre con violencia el campamento Dignidad de El Aaiún, donde miles de saharauis protestaban pacíficamente reclamando sus derechos.
Francia y España son los principales valedores del reino alauí en la UE
A finales de 2009, la activista saharaui Aminatou Haidar fue expulsada de El Aaiún ilegalmente, lo que provocó una crisis internacional. ¿Qué tienen en común los dos incidentes? Ni Ashton ni los 27 gobiernos de la UE reprendieron a Marruecos por sus obvias responsabilidades.
Todo lo contrario: la UE concedió a Rabat el llamado "estatuto avanzado", el mejor tratamiento político y económico posible, y negocia ahora la creación de "una zona de libre comercio en profundidad", en palabras de Füle. Esta sintonía diplomática se traduce en casi 200 millones de euros en ayuda europea al año, a la que hay que sumar otros acuerdos comerciales, como el de pesca, del que se benefician mayoritariamente pesqueros españoles.
El actual acuerdo pesquero vence el domingo que viene y durante sus cuatro años de vigencia ha violado la legislación internacional al incluir la pesca en aguas del Sáhara. Las leyes internacionales en materia de territorios no autónomos, como es la excolonia española, obligan a Rabat a que los beneficios de la explotación de las aguas del Sáhara, incluidas en el convenio pesquero repercutan en la población autóctona. Los servicios legales del Parlamento Europeo emitieron el año pasado un informe en el que se ponía en duda este extremo: de ahí la ilegalidad del acuerdo.
La contradicción legal avalada por la UE se evita, por ejemplo, en el acuerdo de libre comercio entre Marruecos y EEUU mediante la exclusión del territorio y aguas saharauis. La falta de respeto a los derechos de la población saharaui en el acuerdo pesquero europeo ha sido denunciada en repetidas ocasiones por la Eurocámara, que tendrá que ratificar el nuevo convenio ya en negociación.
Luz verde a la prórroga
Apoyada por los Gobiernos de España y Francia, Bruselas ha pedido a los 27 gobiernos y a la Eurocámara una prórroga de un año del actual acuerdo. El pasado viernes, los países de la UE llegaron al consenso necesario para permitir a la Comisión Europea que negocie esta prórroga. Bruselas ha hecho así oídos sordos a las críticas de las asociaciones de derechos humanos y las prosaharauis.
"Una vez más, parece que la Comisión y el Consejo, en su ceguera ante las revoluciones de Egipto o Túnez, han decidido intercambiar pesca por silencio", reflexiona Raül Romeva, eurodiputado verde (ICV) y uno de los críticos del trato de guante blanco de la UE a Marruecos.
"Bruselas cambia pesca por silencio", denuncia Raül Romeva
La misma actitud se traslada a este nuevo acuerdo de pesca, impulsado una vez más por los Gobiernos de Francia y España, principales valedores del reino alauí en Bruselas. Estos dos países incluso aspiraban a que la prórroga durase dos años, en vez de uno, algo que fue descartado. "El problema es que la paciencia de los ciudadanos locales se termina" en una zona donde "ya hace tiempo que se ha superado el límite de la tolerancia", advierte Romeva.
Desde la UE se observa la situación con preocupación e impotencia. Una Ashton sin credibilidad política se reivindica como una portavoz de los estados miembros, donde la opinión de España y Francia se impone a la preocupación por la democracia en Marruecos y particularmente por los derechos humanos en el Sáhara ocupado. Uno de estos derechos es precisamente el de una población autóctona, que denuncia estar marginada económicamente, a beneficiarse de sus recursos naturales.
Sólo los países nórdicos han protestado en el Consejo, por lo que a los saharauis les queda la esperanza de que la Eurocámara, mucho más libre de ataduras comerciales, haga valer los informes jurídicos que ponen negro sobre blanco la violación de la legislación internacional de la que UE es cómplice.
Fuente Público
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