Según los querellantes, se pueden contabilizar 542  desaparecidos, la mayoría con DNI español
 MADRID,  6 de marzo de 2011 (EUROPA PRESS)     El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha citado este jueves a  declarar como testigo a la activista Aminetu Haidar en la causa que investiga el  genocidio y las torturas contra el pueblo saharaui que se habrían cometido entre  1976 y 1987, informaron a Europa Press fuentes jurídicas y personadas en el  procedimiento.
 Ruz tomará declaración un día antes a otros 13  testigos que fueron víctimas de estos delitos y que se encuentran en la  actualidad en los campos de refugiados de Tinduf, en  Argelia.
 El magistrado preguntó en noviembre pasado al  Ministerio de Justicia si Marruecos había dado contestación a la comisión  rogatoria que su antecesor, Baltasar Garzón, cursó en octubre de 2008 para dar  traslado de esta querella, en la que están imputados 13 cargos policiales  marroquíes.
 Entre los querellados se encuentra el general Hosni  Benslimane, jefe de la Gendarmería Real Marroquí que fue galardonado por España  con la Gran Cruz de Isabel la Católica en 2005 y que formaba parte de la  delegación que visitó a primeros de febrero España junto al ministro del  Interior del país alauí, Taieb Cherkaoui.
 Ruz reactivó la causa para solicitar "a la mayor  brevedad" a la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del  Ministerio de Justicia que le trasladara "en qué estado se encuentra la comisión  rogatoria librada a las autoridades judiciales de Marruecos" tras recordar que  ésta fue reiterada el pasado mayo.
 Garzón, que abrió una investigación por estos hechos  en octubre de 2007  a  partir de una querella presentada por asociaciones de  defensa de los Derechos Humanos y familiares de presos y desaparecidos, solicitó  a Marruecos que diera traslado a los querellados de la acción judicial que había  emprendido, que le comunicara si esos hechos estaban siendo investigados y con  qué resultado, y si existía algún procedimiento penal contra  ellos.
 DECLARACIÓN EN LA AUDIENCIA
 Garzón instó entonces a los querellantes a informar  sobre la posibilidad de que las 13 víctimas declararan en la Audiencia Nacional  después de que las autoridades de Argelia se negaran en febrero pasado a  permitir que el juez se desplazara hasta los campamentos de refugiados de Tinduf  para interrogarles argumentando que debía dirigirse a la República Árabe  Saharaui Democrática, no reconocida internacionalmente y ante la cual España no  tiene representación diplomática, tal y como señaló en su contestación el  Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.
 Ruz reiteró este ofrecimiento a los querellantes  "visto el tiempo transcurrido" desde que se produjo el primer requerimiento y  les invita a realizar "propuestas alternativas en orden a la práctica de  diligencias comprendidas en la comisión rogatoria" de no ser posible el  desplazamiento de los testigos hasta la Audiencia  Nacional.
 La investigación se dirige contra "destacados  funcionarios marroquíes que pudieron ordenar y dirigir distintas campañas de  detenciones y posteriores desapariciones en ciudades del Sáhara como Smara, El  Aaiún o Tan Tan".
 Además de Benslimane, que habría ordenado y dirigido  la campaña de detenciones y desapariciones en Smara que se llevó a cabo en 1976,  entre los querellados se encuentran Abdelhafid Ben Hachem, presunto responsable  directo de los secuestros cometidos en El Aaiun en 1987; Abdelhak Lemdaour, al  que se relaciona con las detenciones en la región de Erbaib de 1976; y Moustaphá  Hamdaoui, dirigente de la Gendarmería de Tan Tan.
 Completan la relación de denunciados altos cargos  militares que Garzón identifica como Ben Hima, Amimi, Dris Sbai, Ayachi, Said  Ouassou, Brahim Ben Sami, Hariz El Arbi, Abdelaziz Allabouch y Sanhaji  Hamid.
 MÁS DE 500 DESAPARECIDOS
 Los querellantes tienen contabilizados más de 542  desaparecidos, de los que la mayoría contaba con documento nacional de identidad  como españoles. Los hechos denunciados se sitúan a partir del año 1975, cuando  tras la firma de los Acuerdos Tripartitos de Madrid España abandonó su provincia  número 53. Después de la retirada de las tropas españolas se inició la conocida  como 'Marcha Verde', a través de la cual el Reino de Marruecos ocupó el Sahara  Occidental.
 La querella añadía que la invasión y masacre contra  el pueblo saharaui se prolongó durante 16 años, tiempo en el que sus integrantes  fueron sometidos a la dominación de una potencia extranjera que les impide "el  ejercicio del derecho a su libre determinación, reconocido por la Resolución  1514 de la Asamblea General de la ONU de diciembre de 1960, implicando con ello  una denegación de los derechos humanos fundamentales".
 El escrito relataba que desde el 31 de octubre de  1975 y hasta la actualidad "el ejército marroquí ha ejercido una permanente  violencia contra el pueblo saharaui" en una guerra de invasión que obligó a  abandonar sus hogares a 40.000 personas, que tuvieron que huir al desierto y  "fueron perseguidas y bombardeadas por las fuerzas invasoras con napalm, fósforo  blanco y bombas de fragmentación".
Fuente Poemario de un Sáhara Libre
Fuente Poemario de un Sáhara Libre

 
 
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