Tropas de Arabia Saudí entran en Bahrein para sofocar la revuelta

Tropas de Arabia Saudí cruzaron ayer el puente que une ese país con la isla-Estado de Bahréin, donde las protestas contra la monarquía gobernante se están transformando en un movimiento de desobediencia civil. La medida, que los partidos opositores calificaron de "ocupación", corre el riesgo de internacionalizar lo que hasta ahora ha sido un conflicto interno. Irán advirtió que no va a permanecer de brazos cruzados ante la intervención saudí. En medio de ese ruido, pasó desapercibido que la oposición se reunió con el príncipe heredero para sentar las bases del diálogo nacional.
Coches policiales bloquean todas las salidas de la autovía en dirección al centro financiero de Manama y la plaza de la Perla, donde los antigubernamentales se han hecho fuertes. Dentro de ese perímetro, no hay rastro de las fuerzas de seguridad. Los sublevados, muchos con la cara tapada, han levantado barricadas en las que controlan quien cruza y se ocupan de mantener el orden. Bahréin ha quedado dividido en dos. Al cumplirse un mes de su inicio resulta evidente que la mayoría de los manifestantes son chiíes, una comunidad que supone dos tercios de la población y que se queja de discriminación por parte de los gobernantes suníes.

Ese peligroso factor se ha visto reforzado con la llegada de los soldados saudíes, el grueso de una fuerza de entre 1.000 y 2.000 hombres, bajo el paraguas del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). La decisión subraya el temor de los líderes de ese club de monarquías petroleras a que la inestabilidad en Bahréin dé pie a la penetración de su archirrival Irán (una teocracia de credo chií). Además de Arabia Saudí, el socio de mayor peso, forman el CCG Emiratos Árabes Unidos y Kuwait (que también han enviado tropas), Catar, Omán y Bahréin. Tanto Arabia Saudí como Kuwait tienen importantes minorías chiíes.

"Arabia Saudí no puede permitir que caiga el rey de Bahréin", aseguraba el pasado sábado a esta corresponsal un ex ministro saudí. La fuente se mostraba sin embargo convencida de que la decisión de enviar fuerzas sólo se tomaría "como último recurso", en caso de que hubiera pruebas de una intervención iraní.

Apenas 48 horas después, las tropas saudíes han llegado a la isla y sublevado aún más los ánimos. Los manifestantes que cada tarde confluyen en la plaza de la Perla para apoyar a los acampados, quisieron ir a hacerlas frente. Solo retrocedieron cuando supieron que el convoy militar se dirigía directamente a Riffa, la localidad del sur de la capital donde vive la familia real.

"Cualquier fuerza o equipo militar que cruce las fronteras de Bahréin -por tierra, mar o aires- es una ocupación y una conspiración contra sus habitantes", afirma el comunicado difundido por los partidos de la oposición. En su opinión, ese paso pone al país al borde de la guerra. Sin embargo, para el jeque Abdel Latif Mahmud, jefe de la Agrupación por la Unidad Nacional, evita la imposición de la ley marcial. La han pedido varios diputados, según los cuales "los extremistas están empujando el país a un conflicto sectario".

Irán se apresuró a dejar claro que está al acecho. Su ministro de Exteriores dijo que esperaba que el Gobierno bahreiní respetara a los manifestantes y que su país no se quedará de brazos cruzados ante los esfuerzos saudíes para "exterminar" a los chiíes de Bahréin, según la cadena iraní en árabe Al Alam.

Anoche, los soldados permanecían acantonados. Los activistas, por su parte, se afanaban en reforzar las barricadas en la autovía y levantar otras nuevas, convencidos de que la llegada de los saudíes sólo podía significar un nuevo ataque contra el campamento, como el que el 17 de febrero costó la vida a cuatro personas, elevando a siete el total de muertos desde el día a 14.

El aumento de la tensión va paralelo a la creciente radicalización de las protestas. Frente a la inicial petición de reformas democráticas y una monarquía constitucional, algunos grupos llaman a derrocar la monarquía, algo que atemoriza a los suníes.

"¿Qué más quieren si el rey ya ha accedido a todas sus exigencias?", se pregunta un vecino de la plaza de la Perla a quien la acampada dificulta entrar y salir de casa. El domingo, el príncipe heredero, Salman al Jalifa, se comprometió a abordar todas las exigencias de la oposición, incluidos el traspaso del poder legislativo al Parlamento y reformas de los distritos electorales (que discriminan a los chiíes). El gesto sirvió para que la oposición aceptará reunirse finalmente ayer con Salman para establecer las bases de un diálogo nacional.

Tercer despliegue de la fuerza regional
Las tropas enviadas a Bahréin por sus socios en el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) forman parte de la fuerza Escudo de la Península. Se trata de una unidad conjunta que los seis miembros de esa organización regional establecieron en 1984 con el objetivo de "disuadir y responder a una eventual agresión militar" contra cualquiera de ellos. Además de Bahréin, los integrantes del CCG son Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Kuwait, Catar y Omán.

Hasta ahora sus efectivos solo se habían desplegado en Kuwait. La primera vez en 1991, tras la invasión iraquí de ese emirato, como parte (simbólica) de la campaña que EE UU dirigió para desalojar a los soldados de Sadam Husein. Y de nuevo, en 2003, antes de la invasión anglo-estadounidense de Irak.

El Escudo de la Península está basado en Arabia Saudí, en la ciudad militar Rey Jaled, en Hafar al Batin, muy cerca de las fronteras de Irak y Kuwait. Cuenta con infantería, artillería, blindados y el apoyo de elementos de combate de cada uno de los países miembros. Dispone de entre 7.000 y 10.000 hombres a las órdenes de un general saudí.

De acuerdo con las normas establecidas a su creación, las fuerzas enviadas a un país miembro pasan a estar bajo su autoridad. Corresponde por tanto a Bahréin decidir la tarea que va a encomendarle. Según la información difundida, Riad ha enviado un millar de soldados y EAU 500 policías. En un comunicado, el Gobierno de Manama asegura que ha pedido su asistencia para "ayudar a proteger a los ciudadanos y residentes y las infraestructuras esenciales".

Fuente El Pais